Secretario de Energía defiende reforma a la Ley 6 con compensaciones en factura y tarifa más baja

El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, defendió el Proyecto de Ley 705, que modifica el texto único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, norma que regula el servicio público de electricidad en Panamá. La iniciativa se encuentra en segundo debate en la Asamblea Nacional y, de acuerdo con el funcionario, está pensada en función del ciudadano.

Rodríguez organizó la propuesta en tres ejes: la calidad del servicio, la tarifa y el acceso universal a la energía eléctrica.

Multas que hoy no se cobran

Sobre la calidad del servicio, el secretario explicó que, cuando una empresa distribuidora incumple los parámetros establecidos, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) le impone multas millonarias. Sin embargo, esas sanciones no se hacen efectivas porque los procesos judiciales pueden extenderse entre 10 y 12 años en la Corte.

Con la reforma, señaló, se pretende que el incumplimiento tenga consecuencias económicas inmediatas. "La reforma busca que el incumplimiento tenga consecuencias económicas inmediatas y que el cliente reciba un resarcimiento directo en su factura, además de fortalecer las causales para rescindir los contratos de concesión", precisó.

En materia tarifaria, el proyecto plantea mejorar las licitaciones para la compra de potencia y energía, así como ajustar la rentabilidad que perciben las distribuidoras. Según Rodríguez, actualmente se reconoce un margen fijado en 1998, cuando el país todavía no tenía grado de inversión. "Hoy esa prima tiene que ser más baja y, por lo tanto, la rentabilidad también. Todo esto va a repercutir en la tarifa que pagamos todos", afirmó.

Más de 58,000 familias sin luz

El tercer eje, que el funcionario consideró el más importante, es el acceso universal. En Panamá, más de 58,000 familias, equivalentes al 5 % de los hogares, no tienen electricidad.

Rodríguez recordó que la Ley 6 de 1997 dio origen a la Oficina de Electrificación Rural, que llevó la cobertura del 87 % al 95 %. No obstante, el porcentaje pendiente corresponde a comarcas y áreas rurales de difícil acceso, que son las más complejas de atender.

El secretario indicó que la Secretaría trabaja con el Viceministerio de Asuntos Indígenas para cumplir con la consulta previa en la comarca Guna Yala, la comarca Wargandí y las tierras colectivas de Alto Bayano. "En Wargandí, la consulta ya inició tras una resolución de su Congreso General el mes pasado. En Guna Yala, la decisión de iniciarla se tomará a fin de mes en su Congreso General, mientras que en Alto Bayano se mantiene el diálogo con los caciques general y regional", detalló.

Añadió que el Estudio de Impacto Ambiental fue admitido por el Ministerio de Ambiente desde el año pasado y que las evaluaciones de campo siguen avanzando.

Consultado sobre las zonas afectadas por el reciente sismo, Rodríguez informó que la reposición del servicio eléctrico ha avanzado de forma significativa. "En el área de concesión de ENSA, el servicio se encuentra casi totalmente resuelto", dijo.

En el VIII Congreso de la Asociación Iberoamericana del Derecho de la Energía, el funcionario sostuvo que el país ofrece seguridad jurídica al capital privado. "Panamá es un lugar para invertir, donde existen reglas claras y normas establecidas que permiten que la inversión privada llegue y se establezca", expresó. También aseguró que, desde la reforma eléctrica de 1998, se han invertido 11,000 millones de dólares en el sector.

En cuanto a los combustibles, Rodríguez aclaró que la Secretaría controla los costos de la cadena nacional, que incluye terminales, transporte y estaciones, para establecer el precio tope, pero no la paridad internacional. Lamentó además que se haya dejado pasar la oportunidad de implementar biocombustibles: "El bioetanol hubiese ayudado para momentos como este, tal como hace Brasil, que aumentó el porcentaje de mezcla".