Más de 58,000 familias carecen de electricidad en Panamá mientras avanza la reforma eléctrica
El secretario de Energía advirtió que el 5% de la población sigue sin acceso al servicio, en medio del debate en segundo debate sobre cambios a la Ley 6 de 1997.
Más de 58,000 familias en Panamá, aproximadamente el 5% de la población, no tienen acceso a la energía eléctrica. La cifra la dio el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, en el marco del debate sobre las reformas a la ley que regula el servicio eléctrico.
El funcionario reconoció los reclamos ciudadanos por las tarifas altas y la calidad deficiente del servicio en muchas zonas, pero pidió priorizar a quienes están totalmente fuera del sistema.
“Nos quejamos del costo de la factura eléctrica, con justa razón, que puede ser mejor y puede ser más bajo. Nos quejamos de la calidad del servicio, con justa razón, porque recibimos una calidad en muchas partes deficitaria. Pero hay gente que no tiene acceso a la electricidad; y tenemos que resolver ese problema”, afirmó.
Un rezago concentrado en zonas de difícil acceso
Rodríguez Jaramillo explicó que el marco legal de 1997, la Ley 6, se apoyaba principalmente en una Oficina de Electrificación Rural. Ese modelo elevó la cobertura del 87% al 95%, pero el 5% restante presenta retos complejos, según dijo.
Ese tramo se ubica sobre todo en comarcas y zonas rurales de difícil acceso, donde instalar infraestructura tradicional es muy complicado. El secretario comparó el caso con Costa Rica, donde casi toda la población tiene servicio, y sostuvo que el acceso a la energía “tiene que ser un derecho”.
El proyecto de ley, que se encuentra en segundo debate en la Asamblea Nacional, propone mantener la labor de la Oficina de Electrificación Rural e involucrar de forma obligatoria a las empresas distribuidoras. Estas deberán desarrollar y ejecutar proyectos específicos para esas comunidades, indicó el funcionario.
Qué contempla el paquete de reformas
La iniciativa modifica 19 artículos existentes y agrega 4 nuevos en la Ley 6, además de modificar 2 artículos de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP).
Entre los problemas que busca atender figuran las fluctuaciones de voltaje, las interrupciones del servicio, los daños a electrodomésticos y las deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización al cliente.
El texto, que regirá para los próximos contratos, incluye disposiciones para dar mayor transparencia a la información que reciben los clientes y plazos definidos para atender reclamos. También prevé créditos por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las distribuidoras, conforme a la reglamentación vigente, y herramientas para una supervisión más efectiva del regulador.
En materia sancionadora, los prestadores podrían ser multados hasta con $20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión. Además, la ASEP podría intervenir a los prestadores mientras corrige una falta, o hasta que se rescinda o se resuelva administrativamente el contrato o termine la licencia.
La postura del sector privado
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, coincidió en la urgencia de atender a las comunidades sin luz. Dijo que debe lograrse mediante “un entendimiento balanceado entre la prioridad del gobierno y las empresas que participan en la distribución de energía en el país”.
Barría recordó que se aproxima un período de revisión de contratos del sector eléctrico de cara al próximo año. Valoró que la discusión apunte a mejorar el servicio y revisar tarifas, pues, afirmó, “el costo de la energía determina mucho la competitividad del país”.
Fuentes: La Estrella de Panamá
