Arrocha: juicios civiles bajaron de tres años a cinco meses, pero el recorte a inversión pone en riesgo los avances

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, afirmó que el nuevo sistema procesal civil ha reducido de forma significativa los tiempos de respuesta de los tribunales. Al mismo tiempo advirtió que el recorte presupuestario a inversión compromete la continuidad de proyectos judiciales.

El magistrado hizo la presentación al cumplirse un año de implementación del sistema, durante un acto de rendición de cuentas.

De tres años a cuatro o cinco meses

Según Arrocha, los procesos que antes tardaban alrededor de tres años en primera instancia ahora se resuelven en cuatro o cinco meses. Sostuvo que esa reducción supone un ahorro de tiempo y de dinero, tanto para las partes como para el servicio público de administración de justicia.

“Los procesos que demoraban en primera instancia originalmente alrededor de 3 años están saliendo del sistema resueltos en 4, 5 meses y eso representa ese tiempo, ese ahorro de tiempo; también es un ahorro en dinero tanto para las partes como para el servicio público de administración de justicia”, manifestó.

El magistrado explicó que uno de los objetivos de la reforma es evitar que siga creciendo la mora judicial, es decir, el tiempo de espera de quien acude a la justicia para que se resuelva su conflicto. Aseguró que hasta ahora ese objetivo se está cumpliendo. También reconoció que todavía hay aspectos por mejorar.

Un recorte de unos $40 millones

Arrocha indicó que el Órgano Judicial solicitó alrededor de $390 millones y recibió una asignación de $350 millones, una diferencia aproximada de $40 millones. De acuerdo con el magistrado, lo solicitado equivalía a un aumento del 9% respecto al año anterior.

El vicepresidente de la Corte precisó que la reducción se concentró en los recursos destinados a inversión. “Todo el recorte fue en materia de inversión. Ese recorte pone en riesgo al país, la sostenibilidad y la continuidad de proyectos como este para el mejoramiento del usuario de la justicia”, advirtió.

Ahorros internos y proyectos en pausa

Según Arrocha, la implementación del nuevo sistema fue posible gracias a ahorros dentro del presupuesto del Órgano Judicial y a la decisión de darle prioridad. Eso implicó dejar en pausa otras iniciativas importantes para el servicio de justicia, sin que el magistrado detallara cuáles.

El magistrado defendió el manejo de los recursos de la institución y sostuvo que una justicia de calidad requiere inversión para garantizar respuestas a la población, seguridad jurídica e institucionalidad.

“Nuestro presupuesto representa menos del 1% de todo el presupuesto general del Estado”, afirmó. En ese contexto, pidió valorar el aporte de la administración de justicia a la competitividad, la economía y el crecimiento del país.

Para Arrocha, la reducción en la duración de los procesos evidencia avances en la implementación. El reto, planteó, es contar con los recursos necesarios para sostenerlos y seguir mejorando la atención a los usuarios.

Las cifras sobre tiempos de resolución y presupuesto corresponden a lo expresado por el magistrado durante su balance.