Organizaciones denuncian ante la CIDH espionaje, Coiba y desalojos en el cierre de sesiones en Panamá
En el último día del período 197 de sesiones, activistas y familiares de víctimas pidieron a la Comisión una visita de trabajo al país.
Organizaciones de la sociedad civil panameña presentaron este viernes 30 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncias sobre presunto espionaje a sindicatos y ambientalistas, la creación de estructuras de inteligencia por resolución ministerial, el uso de la isla de Coiba como centro penitenciario y la situación de comunidades afectadas por megaproyectos.
Las exposiciones se realizaron en el último día del período 197 de sesiones, celebrado en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). Durante la semana, la CIDH llevó a cabo 29 audiencias entre el 26 y el 30 de octubre.
Espacio cívico e inteligencia
Magaly Castillo, del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), y Osvaldo Jordán, ambos de la Red de Derechos Humanos de Panamá, intervinieron ante los comisionados. Castillo recordó que la CIDH ya conoce lo ocurrido en junio de 2025 en Bocas del Toro, cuando el Gobierno suspendió garantías constitucionales y cortó el servicio de internet durante protestas contra la Ley 462, que reformó la ley orgánica de la Caja de Seguro Social.
Según Castillo, en 2026 se sumaron cuatro hechos que, a su juicio, ponen en riesgo el espacio cívico: la creación, mediante resoluciones ministeriales, de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia y del Comando Conjunto; la denuncia de espionaje contra organizaciones sindicales, sociales y ambientales; el uso de la justicia comunitaria de paz para intimidar a quienes protestan; y la intención de convertir de nuevo el Parque Nacional Coiba en un centro penitenciario.
Castillo cuestionó que las normas de inteligencia incluyan conceptos ambiguos como “terrorismo híbrido”. Sobre el espionaje, recordó que la Policía Nacional reconoció el uso de agentes encubiertos en actividades de esos grupos. La institución, dirigida por Jaime Fernández, aseguró en un comunicado que sus actuaciones se realizan “con estricto apego al marco legal vigente”.
La activista citó además declaraciones del presidente José Raúl Mulino en la Asamblea General de la OEA, donde calificó las protestas de 2025 en Bocas del Toro como obra de una “mafia política de izquierda financiada por el narcotráfico”. Sobre Coiba, Mulino ha dicho que “todo el que está en la isla Coiba tiene relación directa con el narcotráfico”.
Megaproyectos, defensores y Coiba
Jordán dijo que proyectos como la interconexión eléctrica con Colombia y la cuarta línea de transmisión hacia Costa Rica impiden a comunidades indígenas decidir de forma libre e informada.
Sobre el embalse de río Indio, afirmó que las familias que serían reubicadas no han dado su consentimiento, que no existe estudio de impacto ambiental ni plan de reasentamiento, y que se les pidió cerrar sus cementerios. La Autoridad del Canal ha dicho que el proyecto contempla inversión social y ambiental, con reasentamiento de familias, adquisición de tierras, construcción de viviendas, reposición de infraestructuras y medidas de mitigación.
Jordán mencionó la demanda por $5 millones contra la Asociación de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, las acciones contra el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque, y el caso del dirigente indígena Feliciano Santos.
En otra intervención, una representante de los reclusos en Coiba advirtió sobre dificultades de acceso a atención médica especializada, alimentación, agua potable y contacto con familiares y abogados. Según su denuncia, durante el terremoto del 9 de octubre los internos permanecieron en sus celdas, sin evacuación preventiva, pese a la cercanía de las instalaciones al mar.
Otros reclamos y pedido de visita
Familiares de víctimas de la dictadura militar señalaron que, siete años después del acuerdo con el Estado de junio de 2019, los compromisos de memoria y reparación no se cumplen integralmente. Representantes de víctimas de la invasión de 1989 pidieron avances en reparaciones. También se plantearon casos de discriminación racial en escuelas, restricciones a la libertad sindical y violencia contra las mujeres.
Castillo y Jordán solicitaron a la CIDH una visita de trabajo a Panamá que incluya las áreas indígenas de Bocas del Toro, donde según Jordán continúan los desalojos forzosos, y la cuenca del río Indio.
