Operación Cumulus: aprehenden a tres personas por presunto peculado de $964,620 en la AIG

La Fiscalía Superior Anticorrupción, junto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, aprehendió este martes 27 de octubre a tres personas por el presunto delito de peculado en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Entre ellas hay dos funcionarios públicos y un particular.

La Procuraduría General de la Nación indicó que el caso habría causado una lesión económica de aproximadamente $964,620. La acción fue denominada Operación Cumulus.

Las diligencias se realizaron en Villa Lucre, Betania y Panamá Oeste. Según el Ministerio Público, durante los operativos se ubicaron documentos e indicios que la Fiscalía evaluará dentro de la investigación.

Quiénes son los aprehendidos

De acuerdo con la información disponible, los aprehendidos son un funcionario y una exfuncionaria de la AIG. Se reportó que ella labora actualmente en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). El tercer aprehendido es un particular presuntamente vinculado al proceso de adquisición. Hasta ahora no se han divulgado sus nombres.

Los tres serán llevados este miércoles ante un juez de garantías, donde se prevé la imputación de cargos y la solicitud de medidas cautelares. Hasta que un juez resuelva, rige para ellos la presunción de inocencia.

La compra bajo investigación

La investigación penal comenzó en diciembre de 2025, a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República. El informe identificó presuntas irregularidades en la adquisición de un Sistema de Planificación de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres de Tecnología de la Información.

El sistema estaba destinado a instituciones estatales consideradas de misión crítica, es decir, aquellas cuya operación exige garantizar la continuidad de sus servicios y la recuperación de sus plataformas tecnológicas ante interrupciones o desastres.

Según los hallazgos de la auditoría, la adquisición se habría hecho sin cumplir las especificaciones técnicas que requerían las distintas entidades beneficiarias. El Ministerio Público añadió que el sistema actualmente no estaría siendo utilizado.

Por qué importa

Si se confirmara lo señalado en la auditoría, se trataría de una inversión de fondos públicos en una herramienta que no sirve a las instituciones para las que fue comprada, y que debía proteger servicios estatales esenciales. Las autoridades investigan tanto las presuntas irregularidades de la contratación como el posible perjuicio económico al Estado.

No se precisa el número del proceso de contratación ni la identidad de las personas aprehendidas, datos que podrían conocerse en la audiencia de imputación.

Un reporte relacionado señala que Luis Oliva, exdirector de la AIG, se mantendrá en detención preventiva tras la confirmación de la medida cautelar por el Tribunal de Apelaciones. No se aclara si ese proceso guarda relación con la Operación Cumulus.