Mulino sanciona la Ley 560, que prohíbe actividades que causen daño directo a los arrecifes coralinos

Panamá cuenta con una nueva herramienta legal para proteger sus arrecifes coralinos. El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó el 14 de octubre de 2026 la Ley 560, que prohíbe construir, modificar o desarrollar actividades que provoquen un daño directo a estos ecosistemas marinos.

La medida entró en vigencia el jueves 15 de octubre, fecha en que fue publicada en la Gaceta Oficial.

La nueva legislación no parte de cero. Se trata de una reforma a la Ley 304 del 31 de mayo de 2022, que establece medidas para la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, así como de los ecosistemas y las especies asociadas a ellos. En concreto, la Ley 560 modifica el artículo 12 de esa norma y le añade un nuevo artículo, el 12-A.

Qué prohíbe la norma

De acuerdo con el texto sancionado, la prohibición abarca tanto las aguas como el sustrato donde se encuentran los arrecifes. Es decir, no solo se restringen las intervenciones en la columna de agua, sino también aquellas que afecten el fondo marino sobre el que se desarrollan los corales.

Además de las acciones que impliquen un daño directo, la ley veta las actividades que puedan ocasionar daños irreversibles a la salud ecosistémica de los arrecifes, lo que amplía el alcance de la protección más allá de los impactos inmediatos.

Pastos marinos bajo regulación de MiAmbiente

La reforma también incorpora disposiciones específicas para los pastos marinos y sus ecosistemas asociados. En este caso, la ley encarga al Ministerio de Ambiente la responsabilidad de regular la construcción, la modificación y cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en las aguas o en el sustrato donde se ubican estas praderas submarinas.

Según lo establecido en la norma, el propósito de esta regulación es asegurar la conservación, la sostenibilidad y el adecuado funcionamiento ecológico de estos ecosistemas.

Al igual que ocurre con los arrecifes, la legislación prohíbe en los pastos marinos aquellas actividades que puedan causar daños irreversibles a su salud ecosistémica.

La diferencia entre ambos regímenes radica en el enfoque: mientras que para los arrecifes coralinos la ley fija una prohibición directa sobre las obras y acciones que los dañen, en el caso de los pastos marinos establece un esquema de regulación a cargo de la autoridad ambiental, con la prohibición expresa de aquello que pueda generar un deterioro irreversible.

Con la publicación en Gaceta Oficial, las nuevas disposiciones ya son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, y se suman al marco de protección vigente desde 2022 para los ecosistemas coralinos del país.