Economista advierte riesgos de ampliar contrataciones directas hasta $1 millón en el Presupuesto 2027

La ampliación de las excepciones a los procesos de contratación pública para montos de hasta $1 millón, incluida en el presupuesto general del Estado de 2027, genera preocupación por sus posibles efectos sobre la transparencia, la competencia empresarial y el manejo de los fondos públicos.

Así lo advirtió el economista Luis Morán, quien explicó que el cambio podría permitir una respuesta más rápida del Estado, pero también reducir la participación de pequeñas y medianas empresas en las licitaciones.

"Se puede contratar más rápido, pero también se puede contratar de manera directa y pudiera reducir esa competencia o competitividad de pequeñas y medianas empresas", manifestó el economista en una entrevista.

Fiscalización y seguimiento ciudadano

Morán sostuvo que el principal desafío será garantizar que los recursos se usen con eficiencia y que las nuevas disposiciones no terminen favoreciendo a un grupo reducido de contratistas. Advirtió que esto "abre el paso para menos contrataciones, para las mismas empresas que participen, incluso se pudiera no transparentar".

Reconoció que la medida podría responder a un objetivo económico importante, pero cuestionó la manera en que fue introducida. "La forma quizás no ha sido la mejor", expresó, y subrayó la importancia de la transparencia y del rol institucional en el cuidado de cada dólar del presupuesto.

El economista propuso que los ciudadanos puedan conocer qué empresas reciben las contrataciones y participar en el seguimiento de los proyectos en sus comunidades. Dijo esperar que existan canales de transparencia, revisión y monitoreo.

El presidente José Raúl Mulino confirmó que sancionará el presupuesto y dijo que la modificación no le preocupa. Según el mandatario, quien dispone de los recursos es el Ministerio de Economía y Finanzas: "Y si hay, hay, y si no, pues no hay". Añadió que en eventualidades se necesita agilidad, pero acompañada de transparencia y de la fiscalización del contralor.

Prioridades tras el terremoto del 9 de octubre

Morán indicó que el presupuesto de 2027, que supera los $35,000 millones, debe responder a las necesidades de la población, en especial en las provincias afectadas por el terremoto del 9 de octubre. Según explicó, cerca del 36% corresponde a inversión y alrededor del 60% al funcionamiento del Estado, una distribución que a su juicio requiere revisión.

Entre las prioridades mencionó la reparación de carreteras, puentes, escuelas, hospitales y centros de salud, así como la recuperación de la actividad económica local y la atención de salud mental de familias que han permanecido en albergues.

Planteó además que la recuperación no se limite a entregar ayudas, sino que permita retomar actividades productivas. Citó la necesidad de capacitación laboral y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en Veraguas y Coclé, donde, dijo, muchos afectados son hoteles, restaurantes, almacenes, abarroterías y pequeños comercios.

También destacó el respaldo al sector agropecuario, en particular a productores de arroz, leche, carne porcina y bovina, piña, melón, sandía y tomate.

Crecimiento y ejecución presupuestaria

Sobre las perspectivas económicas, Morán señaló que las proyecciones de crecimiento rondan el 4%, aunque el terremoto podría provocar "un pequeño ajuste", dependiente de la respuesta y del uso de los recursos.

El economista cuestionó que algunas instituciones reciban presupuestos elevados sin ejecutarlos por completo. Mencionó como ejemplo al Ministerio de Educación, al considerar necesario que las asignaciones se traduzcan en reparaciones y rehabilitación de centros escolares. Concluyó que el reto para 2027 será mantener el crecimiento, mejorar la ejecución y convertir los recursos públicos en inversión.