Corte confirma juicio a dos exdirectivos de FCC por presunto peculado agravado en el MOP

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó el llamamiento a juicio de dos exdirectivos de la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Eugenio Del Barrio y Julio Calsa, por presunto peculado agravado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La decisión consta en un fallo del 10 de septiembre, que se dio a conocer hace dos días. Fue adoptada por el Pleno, con ponencia del magistrado Juan Francisco Castillo, suplente de la magistrada María Eugenia López Arias.

Qué resolvió el Pleno

El Pleno no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Ricaurte González, en representación de ambos imputados. La acción buscaba dejar sin efecto el llamamiento a juicio dictado el 9 de marzo por la juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería.

González alegó que Del Barrio y Calsa fueron indagados en España por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá sin cumplir las formalidades de una asistencia judicial. Según el abogado, eso invalida las indagatorias y vulneró los derechos fundamentales de sus clientes.

El fallo señala que, a simple vista, no se evidencian violaciones a las garantías constitucionales. Añade que el amparo pretende convertir al Pleno en una nueva instancia para revisar tanto las actuaciones de la juez como las de la Fiscalía Anticorrupción. Tras un examen prima facie, la Corte concluyó que no hay afectación fundada de derechos que haga admisible la acción.

También están llamados a juicio en esta causa el exministro de Obras Públicas Federico José Suárez, Avelino Acero, María Eugenia González, Juan Manuel Vázquez, León Emilio Hallpen y Héctor Agustín Castillo. En el proceso se acumularon las investigaciones por presuntas irregularidades en los proyectos de vía Brasil y la cinta costera.

Las declaraciones y los sobrecostos

En sus indagatorias desde España, Del Barrio y Calsa dijeron bajo juramento que su jefe inmediato, Avelino Acero, les contó que el entonces ministro Suárez le planteó que, para cobrar una deuda del Estado por proyectos ya ejecutados, debía “pagar una coima del 10%”, porcentaje que se aplicaría también a nuevos proyectos. Se trata de declaraciones de los imputados, no de hechos comprobados en juicio.

Según esas declaraciones, la práctica se extendió a otras contratistas, como Odebrecht y el consorcio Ica-Meco, y las reuniones con el MOP se hacían en oficinas de Odebrecht, en la Torre de las Américas. Allí, afirmaron, se repartían los proyectos de reordenamiento vial: FCC obtuvo vía Brasil, tramos I y II; Ica-Meco, la avenida Domingo Díaz; y Odebrecht, la cinta costera 2 y 3. Odebrecht ya confesó el pago de coimas.

Estas declaraciones fueron excluidas del expediente principal cuando el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó la declaratoria de causa compleja.

La investigación comenzó en 2017, a partir de informes de auditoría de la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría General, que señalaron sobreprecios en proyectos asignados a FCC durante las administraciones de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014).

De acuerdo con la auditoría, vía Brasil, tramo I, pasó de $168.8 millones a $239.4 millones, y el tramo II, de $161.1 millones a $216.2 millones. La cinta costera fase 1 tenía un costo previsto de $133 millones y subió a $189.1 millones. La fase 2 se adjudicó en $52.6 millones y la fase 3, en $776.9 millones, cifra que luego se elevó a $782.1 millones.

Los imputados gozan de presunción de inocencia mientras no haya una sentencia en firme.