Cedeño demandará ante la Corte el Acuerdo 316 sobre aceras pese a anuncio de revisión
El diputado advierte que la revisión anunciada por la Alcaldía no suspende la vigencia de la norma ni los plazos de adecuación, que contempla multas de hasta $5,000.
El diputado y abogado Ernesto Cedeño advirtió que el anuncio de revisión del Acuerdo Municipal 316 no suspende su vigencia ni los plazos para adecuar las aceras de la ciudad. Por ello, informó que presentará hoy ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contencioso-administrativa de nulidad.
Con la acción, Cedeño solicitará la suspensión inmediata de la ejecución del acuerdo. A su juicio, el Concejo Municipal debió suspender o revocar formalmente la norma y publicar esa decisión en la Gaceta Oficial antes de iniciar cualquier revisión.
Qué establece el acuerdo
El Acuerdo 316 fija adecuaciones para garantizar el libre tránsito por las aceras y contempla multas de hasta $5,000 por incumplimiento. Sus declaraciones llegan después de que la Alcaldía de Panamá anunciara que revisará el documento tras los cuestionamientos recibidos.
Cedeño afirmó que lo cuestionable es mantener vigente la norma con plazos de ejecución obligatorios. Según explicó, algunos son de 60 días, otros de seis meses y otros de dos años.
También expresó dudas sobre el alcance de la revisión. Consideró que las autoridades podrían limitarse a ajustar las sanciones sin modificar las disposiciones que él objeta.
Los argumentos jurídicos
Para el diputado, el problema va más allá del monto de las multas. Sostiene que el acuerdo vulnera el Estado de derecho, la seguridad jurídica, el principio de buena fe y los principios del derecho administrativo, al obligar a propietarios a modificar estructuras construidas con autorizaciones municipales previas.
Como ejemplo citó las barriadas cuyos diseños fueron aprobados por el Municipio hace décadas y cuyos propietarios tendrían que asumir ahora los costos de las adecuaciones. Según su interpretación, esto equivale a dejar sin efecto actos administrativos emitidos por las propias autoridades. Citó el artículo 62 de la Ley 38 de 2000 como fundamento y afirmó: “Esto es abiertamente ilegal”.
Cedeño pidió distinguir entre las obras que contaron con permisos y las ocupaciones ilegales de servidumbres. Sobre estas últimas, indicó que las autoridades ya cuentan con normas para recuperar los espacios públicos, sin necesidad del nuevo acuerdo.
“Ninguna norma jurídica te autoriza que tú invadas la servidumbre y te apropies de la servidumbre”, expresó.
Por eso planteó que las nuevas disposiciones rijan hacia el futuro y que las irregularidades existentes se atiendan con la normativa vigente. Aclaró que no se opone a poner orden en la ciudad: “Lo que yo estoy en contra es que se viole el Estado de derecho”, dijo.
Por qué importa
La controversia afecta a propietarios que podrían enfrentar costos y sanciones si no cumplen los plazos del acuerdo. Mientras la Alcaldía evalúa cambios, la norma sigue vigente, según el diputado, y será la Corte Suprema la que decida si admite la demanda y si ordena suspender su aplicación.
Fuentes: TVN Noticias · La Prensa