Carrera Administrativa pide datos de jubilados que laboran en el Estado ante proyectos de retiro voluntario

La Dirección General de Carrera Administrativa (Digeca) solicitó a las instituciones del Estado información sobre los servidores públicos jubilados o pensionados que continúan trabajando. El objetivo declarado es actualizar una base de datos y contar con elementos para evaluar el impacto financiero de posibles medidas de retiro voluntario.

El requerimiento consta en una circular fechada el 16 de octubre. Las entidades deben entregar los datos antes del viernes 30 de octubre.

Qué dice la Digeca

La directora general de Carrera Administrativa, Cheyla Valdés, explicó que en la Asamblea Nacional se discuten varias iniciativas de diputados sobre retiro voluntario. Indicó que la entidad tiene el compromiso de mantener la base de datos al día para que en el futuro se pueda evaluar financieramente su impacto.

Valdés afirmó que la información se solicita de forma periódica. También aclaró que la petición no busca alarmar a los funcionarios: "No es para generar ansiedad, no es para generar temor", dijo.

Preocupación de los gremios

La solicitud generó inquietud entre representantes de los servidores públicos. Desde la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) expresaron preocupación por el alcance de la medida y por la falta de claridad sobre su propósito.

"Es preocupante por el hecho de que no se sabe cuál es la intención y, para mí, es eliminar esos puestos de trabajo que tienen estos trabajadores", expresaron desde la organización. Se trata de una interpretación del gremio; la Digeca sostiene que el fin es actualizar registros y evaluar costos.

Los proyectos en la Asamblea

La Asamblea Nacional mantiene en primer debate dos proyectos de ley sobre retiro voluntario de funcionarios públicos. Según la información planteada, estas iniciativas involucran a un sector de servidores que ronda los 60 mil trabajadores.

Una propuesta, del diputado Javier Sucre, contempla una compensación equivalente a un mes de salario por cada año laborado en la institución, con un máximo de 12 meses. Sucre señaló que el mecanismo busca fijar un beneficio que el Estado pueda asumir financieramente y que corresponda al tiempo de servicio.

La segunda, presentada por el diputado Augusto Palacios, plantea una bonificación extraordinaria según los años de servicio. Prevé cuatro meses de salario para quienes tengan 10 años laborados y hasta 10 meses para quienes acumulen 25 años o más.

Ambos proyectos están en una etapa inicial del trámite legislativo y deberán continuar su discusión antes de avanzar hacia su eventual aprobación.

Por qué importa

El retiro voluntario tendría un costo para las finanzas públicas y afectaría a miles de trabajadores del Estado. Contar con datos actualizados sobre el personal, incluido el jubilado que sigue laborando, es un insumo para calcular ese impacto. Hasta ahora, la Digeca no ha detallado qué decisiones se tomarían con esa información, y los gremios piden claridad sobre su uso.