Tribunal envía a prisión a ocho exfuncionarios de la Junta Comunal de Belisario Porras por presunto peculado
El Tribunal Superior de Apelaciones cambió el depósito domiciliario por detención provisional en un caso con una lesión patrimonial estimada en $8 millones.
Ocho exfuncionarios de la Junta Comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, deberán cumplir detención provisional. Así lo decidió el Tribunal Superior de Apelaciones, que modificó la medida cautelar de depósito domiciliario que pesaba sobre ellos. Los ocho están imputados por el presunto delito de peculado.
La decisión se tomó en una audiencia celebrada el jueves 15 de octubre. Los extrabajadores de la junta comunal habían sido imputados el pasado 24 de septiembre. En la investigación se calcula una lesión patrimonial al Estado de $8 millones.
La diligencia arrancó a las 8:30 a.m., pero la sala tuvo que ser desalojada casi de inmediato debido al sismo de magnitud 4.9 que se registró a las 8:31 a.m.
Los argumentos del tribunal
Por mayoría, los magistrados concluyeron que la jueza de garantías que otorgó el depósito domiciliario no tomó en cuenta el efecto que los hechos atribuidos a los imputados tuvieron sobre los residentes del corregimiento y sobre los fondos públicos.
Al dar lectura a su decisión, los magistrados sostuvieron que "no se pueden tolerar comportamientos corruptos que afecten a la comunidad", sobre todo cuando se trata de la administración de recursos destinados a proyectos sociales.
También advirtieron que "la corrupción afecta la capacidad del gobierno para dar servicios públicos a los grupos sociales más vulnerables".
Cheques sin sustento y listas con la misma letra
De acuerdo con la investigación, la junta comunal realizó desembolsos a 14 "grupos familiares" sin ningún tipo de justificación. Un informe de auditoría establece que el dinero provenía de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
La fiscal anticorrupción Johana Osorio explicó que el caso se abrió por una denuncia presentada por la AND y que los pagos a los familiares se hacían mediante cheques. Según la fiscalía, algunas de las personas beneficiadas cobraban hasta dos o tres cheques por quincena sin haber trabajado ni prestado servicio alguno.
La fiscalía también determinó que los imputados recibieron entre $100,000 y $150,000. Hasta el momento, en el periodo investigado, el Ministerio Público ha identificado pagos a los familiares por un total de $1 millón.
Osorio planteó que las pruebas apuntan a una estructura diseñada para extraer dinero de los programas de descentralización. Según su exposición, se simulaba la ejecución de iniciativas de interés social que finalmente no se llevaron a cabo.
Los desembolsos se justificaban como pago por supuestos servicios a la junta comunal. Sin embargo, la fiscalía no ha encontrado hasta ahora documentos que los respalden. Además, los investigadores hallaron presuntas listas de asistencia en las que todas las firmas tenían la misma letra.
En la causa figuran como imputados la exrepresentante Karen Barrios y el extesorero de la junta comunal, Valentín Rodríguez.
En total, la fiscalía ha imputado cargos a 15 personas. Están pendientes otras audiencias para formular cargos contra un grupo adicional. Todos los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Fuentes: La Prensa
