TE pide al PRD aclarar la compra de una casa en Boquete por $138,633.50 con fondos del subsidio

El Tribunal Electoral (TE) mantiene bajo revisión la propuesta del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de comprar una propiedad en el residencial The View Boquete, en Alto Boquete, Chiriquí, para instalar una Casa Museo de la Mujer. La operación asciende a $138,633.50 y consta en una promesa de compraventa con Caldera Globo I, S.A., como vendedora.

La propuesta fue presentada por Balbina Herrera, secretaria general y representante legal del partido. En dos notas del 20 de octubre de 2026, el TE pidió aclaraciones y documentos adicionales antes de continuar el trámite. Según los documentos, el inmueble es el lote L-117 y el pago, en un solo desembolso, depende de la aprobación del pleno del TE y del cumplimiento de los requisitos del financiamiento público.

Uso del inmueble y restricción del residencial

El artículo 26 del Decreto N.° 32 de 21 de junio de 2022 permite comprar inmuebles para sedes partidarias con el financiamiento público poselectoral. Sin embargo, la cláusula décima tercera del contrato del residencial establece que el uso es exclusivamente habitacional y prohíbe, entre otras actividades, los centros políticos.

Por ello, el Departamento de Técnica Normativa de la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político pidió al PRD explicar cómo usará el inmueble y cómo ese destino se ajusta a las reglas del residencial. El expediente no precisa qué actividades funcionarán allí ni acredita autorización para ellas.

Herrera reconoció que firmó y presentó la documentación sin verificar esa condición. “Tengo que aceptar que yo no verifique. Y ese es un error mío”, afirmó. Dijo que confió en el equipo que preparó la propuesta y que conoció la restricción al leer las observaciones del Tribunal. También señaló: “Aquel lugar no era el mejor lugar”, y planteó buscar otro inmueble o un espacio comercial.

Herrera calificó la observación como un “no tácito”, pero las notas del TE no contienen un rechazo definitivo: la entidad pide explicaciones para determinar si la operación puede avanzar. La dirigente atribuyó el proyecto a la Secretaría de la Mujer del partido, que encabeza Arelys González, y lo defendió como un proyecto de memoria histórica. Según se informó, no hubo respuesta de González a los mensajes que se le dejaron.

Cifras y destino del pago

El TE también señaló inconsistencias en los documentos. El contrato fija el precio en $138,633.50, pero desglosa $68,633.50 por el terreno y $71,000 por las mejoras, lo que suma $139,633.50, es decir, $1,000 más. Una proforma de Caldera Globo I, S.A. del 7 de octubre de 2026 asigna $70,000 a las mejoras y mantiene el valor del terreno, con lo cual la suma sí coincide con el precio total.

Las superficies tampoco coinciden: el contrato registra un lote de 1,022.67 metros cuadrados y la proforma, 1,122.67. El Tribunal pidió aclarar la diferencia y aportar documentos sobre la situación registral.

Otro requerimiento se refiere al destino del dinero. Aunque Caldera Globo I, S.A. figura como vendedora, la promesa ordena depositar el pago en una cuenta de Banco General a nombre de Grupo Ciudad del Sur, S.A. El TE solicitó un acta de junta de accionistas que autorice ese pago y una explicación sobre la intervención de una sociedad distinta. Los documentos no establecen la relación jurídica entre ambas empresas.

Herrera sostuvo que los bienes adquiridos con recursos del partido deben quedar a nombre del colectivo. “Esa plata no es nuestra, esa plata es de la población que nos aporta al financiamiento público en este momento”, expresó. Esa declaración no responde de forma específica por qué el pago se dirige a una empresa distinta de la vendedora.

Origen de los fondos

Herrera dijo que la Casa Museo se financiaría con recursos pendientes del subsidio poselectoral del quinquenio 2019-2024 y no con la asignación 2024-2029, que según el boletín del TE del 28 de junio de 2024 es de $6,484,756.61 para el PRD. Explicó que, al asumir la Secretaría General el 27 de enero de 2026, el partido debía sustentar cerca de $3 millones en gastos para recuperar unos $1.5 millones, y que tras los ajustes quedaron alrededor de $1.1 millones. Estas cifras requieren contraste con los registros oficiales.

El TE pidió además modificar un interés moratorio del 6% anual y una penalización por incumplimiento, por tratarse de recursos públicos. Solicitó los gastos notariales y registrales, acreditar la situación del terreno y una inspección de Infraestructura, y recomendó evaluar una compraventa directa y gestionar una carta promesa de pago bancaria.