MEF renovará licencias Oracle por $3.3 millones para blindar el e-Tax 2.0 tras el caso Pandora

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinará $3,348,896 a la renovación de licencias y soporte técnico de software Oracle. Con esta medida busca reforzar la seguridad y la trazabilidad de sus sistemas críticos, entre ellos el e-Tax 2.0, la plataforma tributaria que habría sido manipulada en el llamado caso Pandora.

La contratación fue aprobada por el Consejo de Gabinete mediante la Resolución 125-26, bajo la modalidad de procedimiento excepcional. El contrato se firmará con la sociedad Redsoft Corp., canal autorizado en Panamá para gestionar las licencias y el soporte oficial de Oracle. Tendrá una vigencia de 24 meses y al monto no se le aplica el ITBMS.

De acuerdo con el MEF, la renovación cubre plataformas como ISTMO, e-Tax 2.0, Factura Electrónica y SIGADE, que manejan datos financieros, fiscales y patrimoniales sensibles. El ministerio sostuvo que operar sin licencias vigentes ni soporte oficial podría acarrear riesgos operativos, legales y de continuidad en la atención al público.

Según el comunicado oficial, el proyecto incluye actualizaciones, parches de seguridad, corrección de errores y compatibilidad con aplicaciones como SAP, con el fin de asegurar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad de la información.

Un sistema que deje huella de cada trámite

En agosto, el ministro Felipe Chapman adelantó que el Gobierno apostaría por una plataforma más sólida en la que cada gestión quede registrada y pueda ser monitoreada, además de digitalizar procesos que todavía se hacen de forma manual, lo que reduciría los espacios para irregularidades.

"Vamos a reemplazar el sistema e-Tax, que hoy conocemos, por una plataforma digital más robusta. Donde cada trámite quede registrado y se pueda seguir paso a paso", señaló Chapman en un comunicado.

El e-Tax fue creado por la Dirección General de Ingresos (DGI) y permite a personas naturales y jurídicas realizar más de 140 trámites en línea, como la presentación de declaraciones, la actualización del RUC, pagos con tarjeta y la solicitud de paz y salvos.

El trasfondo: perjuicio estimado de $40 millones

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga desde 2025 a una presunta red de funcionarios de la DGI y particulares que habría realizado cesiones ilegales de créditos fiscales. Las autoridades calculan el daño al Estado en unos $40 millones.

Según la Fiscalía, el grupo habría eliminado o alterado en el e-Tax cuentas de contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos, para que esos fondos figuraran como pagos no aplicados y luego transformarlos en créditos fiscales.

Hasta ahora, el caso suma 21 imputados por delitos como blanqueo de capitales, asociación ilícita, corrupción de servidores públicos y falsedad. Se reportó además la detención provisional de un exdirector de Finanzas de Bac Panamá. La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada vinculó el expediente con la Operación Espejismo, iniciada en 2024, por presuntos pagos a funcionarios de la DGI para alterar la plataforma y facilitar el acceso a créditos ficticios. En ese marco, una jueza ordenó detención provisional a cinco personas, entre ellas Luis Gaitán y Efraín Cherigo.

Chapman afirmó que el esquema "comenzó hace muchos años, captó funcionarios, burló los controles del sistema que heredamos", y aseguró que su gestión lo está resolviendo. Informó que se ordenó la separación inmediata de los funcionarios vinculados y el congelamiento de los trámites de créditos fiscales bajo sospecha.

La Asociación Bancaria de Panamá pidió investigar con rigor cualquier situación que comprometa la integridad del sistema fiscal, recordó que los créditos fiscales son instrumentos legítimos y subrayó que, al ser emitidos y certificados por la DGI, deben esclarecerse las anomalías en su validación. Por su parte, el superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, informó que la entidad inició investigaciones para detectar posibles fallas administrativas en los bancos, aclarando que actúa como regulador y no como Ministerio Público.