Especialistas de la UTP piden evaluar edificios públicos construidos antes de la norma sísmica de 1984

Especialistas en ingeniería estructural y sísmica de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) recomendaron que el Estado realice un censo y una inspección técnica inmediata de las edificaciones públicas e infraestructuras críticas construidas antes de 1984, año en que el país adoptó su primera normativa sismorresistente.

La propuesta fue planteada durante una rueda de prensa en la que los expertos explicaron que la norma de 1984, junto con sus actualizaciones de 1994, 2004, 2014 y 2021, se aplica a los proyectos nuevos. No existe, sin embargo, una obligación general de adecuar las estructuras levantadas antes, lo que puede hacerlas más vulnerables ante un terremoto.

Los ingenieros aclararon que la antigüedad de una edificación no basta, por sí sola, para considerarla insegura, pero sí hace necesario evaluar su capacidad de resistir un sismo.

Un país con alta actividad sísmica

El ingeniero Óscar Ramírez rechazó la idea de que en la ciudad capital no tiembla. Explicó que la microplaca de Panamá está rodeada por varias placas de mayor tamaño, lo que convierte al istmo en un territorio altamente sísmico, con unos 800 movimientos telúricos al año.

Ramírez recordó además que el área metropolitana ha sufrido terremotos fuertes a lo largo de su historia por la influencia de las fallas de Pedro Miguel y de Limón. Ambas están activas, se ubican muy cerca de la ciudad de Panamá y tienen capacidad para generar sismos de magnitud 7.

Entre las estructuras levantadas antes de 1984 figuran edificaciones históricas como la Catedral Metropolitana y la iglesia de Santa Ana; centros de salud como el Hospital Santo Tomás, inaugurado en 1924, y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, de 1962; planteles como el Instituto Nacional, de 1907, y multifamiliares como Los Libertadores, Tuira y Chucunaque, de la década de 1970. Su mención no equivale a un diagnóstico de vulnerabilidad.

Reforzar en lugar de demoler

Ramírez reconoció que Panamá no cuenta con los recursos para demoler o adecuar de forma automática todas las estructuras antiguas. Por eso, los especialistas sugirieron priorizar las instalaciones que deben seguir funcionando después de un desastre: hospitales, escuelas públicas, estaciones de policía, cuarteles de bomberos, sedes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y puentes.

Su colega Ramiro Vargas planteó que los datos sobre estas estructuras esenciales deberían incorporarse al Censo de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), y señaló que hace falta investigar el tema.

Los expertos también abogaron por diseñar y financiar proyectos de reforzamiento y rehabilitación estructural, con plazos razonables de adecuación, que aumenten la resistencia y la ductilidad de los edificios sin tener que derribarlos.

Una estructura sismorresistente se distingue por su ductilidad, es decir, su capacidad de deformarse sin romperse de golpe. También necesita una cimentación acorde con el terreno y materiales y refuerzos que cumplan el diseño estructural.

Según explicaron, el proceso de reforzamiento comienza con la evaluación de un profesional idóneo, que incluye un análisis preliminar, un estudio de patología estructural y una simulación por computadora basada en la norma vigente. Con esos resultados se determina cuánto resiste la estructura y qué desempeño debe alcanzar según su uso. En las instalaciones esenciales, la meta no es solo evitar el colapso, sino que sigan operando tras el sismo.

Entre las técnicas disponibles mencionaron ampliar la sección de columnas y vigas con concreto o acero, añadir muros de corte, instalar disipadores de energía como amortiguadores —una solución que, de acuerdo con lo expuesto, se aplicó en el Instituto Oncológico Nacional— y reforzar cimentaciones y conexiones entre elementos estructurales.