Corte admite casación de Cucalón y Morales en caso Cobranzas del Istmo por blanqueo de capitales
La Sala Penal rechazó una solicitud de aclaración sobre la inadmisión del recurso a favor de Cristóbal Salerno y envió el expediente a la Procuraduría para su concepto.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió los recursos de casación presentados a favor de Luis Enrique Cucalón Uribe y Dora Luz Morales Rodríguez contra la sentencia condenatoria de segunda instancia del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. El proceso es por blanqueo de capitales vinculado con la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La decisión consta en el Edicto No. 106, fijado el 6 de noviembre en la Secretaría de la Corte. En el mismo pronunciamiento, la Sala rechazó por improcedente una solicitud de aclaración presentada por el abogado Rorix Javier Núñez Morales. La petición se relacionaba con una resolución mediante la cual no se admitió el recurso de casación interpuesto a favor de Cristóbal Humberto Salerno Ballestas.
Los magistrados ordenaron además correr traslado del expediente al procurador general de la Nación, para que emita su concepto dentro del término legal.
Origen de la investigación
Según los antecedentes del expediente, la investigación por blanqueo nació de una resolución del 13 de octubre de 2015 de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción. Esta remitió las actuaciones de un proceso por presuntos delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, en perjuicio del MEF.
El caso se centró, entre otros aspectos, en la contratación directa de Cobranzas del Istmo como gestora de cobro de la cartera morosa del Estado, mediante el contrato No. 100 del 25 de agosto de 2010. Entonces, Cucalón Uribe era administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) y había sido director general de Ingresos. Los antecedentes judiciales indican que se le cuestionó por presuntamente omitir procedimientos de la legislación de contrataciones públicas.
El documento señala que, por ese contrato, el Estado pagó $47,129,415.66 a la empresa. Una auditoría de la Contraloría General estimó la lesión al erario en $29,561,501.67. De acuerdo con los antecedentes, Salerno reintegró $20,699,982.98 a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por lo que la afectación pendiente se calculó en $8,861,518.69.
Transferencias y sociedades
La auditoría describió irregularidades en el manejo de la cartera morosa. Entre ellas, contribuyentes que ya estaban en cobro coactivo y fueron remitidos a la gestora, y el pago de comisiones por gestiones que no correspondían porque no había vencido el plazo de ciertos pagos.
El expediente incorpora además una nota del 23 de mayo de 2015 en la que una entidad bancaria remitió copias de cheques girados desde una cuenta de la gestora a favor de Langton International Holding Limited. Las transacciones, entre 2011 y 2014, sumaron $32,646,823.48. Según el expediente, los pagos del MEF habrían pasado por esa sociedad y luego se habrían destinado a otras empresas relacionadas con Salerno, entre ellas Strategic Hotel Alliance, Inc., vinculada en el proceso con Cucalón.
Declaraciones en 2015
En su declaración del 22 de mayo de 2015, Salerno dijo que dos cheques por $3,018,199 a favor de Strategic Hotel Alliance, Inc. fueron entregados a Cucalón. Sostuvo que este lo contactó en tres ocasiones para pedirle dinero y que los pagos se relacionaban con agilizar las comisiones. Afirmó que consideraba excesivos los montos, pero temía que las comisiones no se tramitaran. También dijo que entregó $900,000, girados a Corporación de Energía del Istmo, S.A., al expresidente Ricardo Martinelli, a solicitud de este.
Cucalón, en indagatoria del 25 de mayo de 2015, dijo tener empresas a nombre de sus hijos, de las que afirmó ser el verdadero propietario, y mencionó a Strategic Hotel Alliance, Inc. como sociedad de inversiones. Estas versiones corresponden a esa etapa del proceso.
Los antecedentes también mencionan una sentencia del 5 de enero de 2018 contra Salerno por peculado y corrupción de servidores públicos, tras aceptar los cargos mediante un acuerdo de pena, con una condena de 48 meses de prisión.
Fuentes: TVN Noticias