Contraloría denuncia a Panama Ports y a exdirectivos de la AMP por el Contrato Ley 5 de 1997
La denuncia penal, presentada el 17 de noviembre, abarca la junta directiva y los administradores generales de la AMP entre 2014 y 2023, tras una auditoría a una década de operaciones.
La Contraloría General de la República presentó el 17 de noviembre una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la sociedad Panama Ports Company, S.A. (PPC) y contra quienes dirigieron la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023. La entidad sostiene que una auditoría detectó posibles irregularidades que podrían constituir delitos contra la Administración Pública.
La Contraloría dio a conocer la acción el 18 de noviembre. Se trata de una denuncia, no de una acusación formal ni de una condena: nadie ha sido declarado culpable.
A quiénes alcanza la denuncia
Según la Contraloría, la denuncia fue formalizada por su Dirección Nacional de Asesoría Jurídica e incluye a tres grupos:
Primero, los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la AMP entre 2014 y 2023. Segundo, quienes ocuparon el cargo de administrador general de esa institución en el mismo período. Tercero, la sociedad Panama Ports Company, S.A.
La información disponible no detalla nombres de las personas incluidas. Como la denuncia abarca a todos los integrantes de esos cargos durante nueve años, el número de personas alcanzadas podría ser amplio, aunque las fuentes no lo precisan.
Qué revisó la auditoría
La denuncia se apoya en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento sobre el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y PPC, y sobre sus adendas.
El examen cubrió del 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2024, es decir, diez años y casi tres meses menos un día de operaciones, según el rango de fechas informado. La Contraloría evaluó las cifras presentadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones del contrato y de sus modificaciones.
La Contraloría no ha detallado en su comunicado cuáles son las presuntas irregularidades concretas ni montos asociados. Indicó que identificó posibles hechos que podrían configurar delitos contra la Administración Pública y que remitió al Ministerio Público la documentación de respaldo.
Por qué importa
El Contrato Ley No. 5 de 1997 es el instrumento que rige la relación entre el Estado y PPC, empresa concesionaria que opera terminales portuarias. Cualquier irregularidad en el cumplimiento de ese contrato o en las cifras reportadas por la empresa puede afectar lo que el Estado recibe por el uso de un activo público, por lo que el tema interesa al contribuyente.
Hay una precisión importante: el período auditado llega hasta 2024, mientras que la denuncia contra los directivos de la AMP se limita a 2014-2023. Las fuentes no explican esa diferencia de un año.
Qué sigue
Corresponde ahora al Ministerio Público analizar la documentación, investigar los hechos, establecer si se cometieron delitos e individualizar a los posibles responsables. Las fuentes no informan plazos ni la fecha de una eventual citación.
La Contraloría recordó que los servidores públicos tienen la obligación de informar a las autoridades sobre hechos que, en el ejercicio de sus funciones, puedan tener características de delito. Anunció además que continuará con su labor de fiscalización y que remitirá a las autoridades cualquier otro hallazgo que afecte los recursos y el patrimonio del Estado.
Hasta ahora no se conocen pronunciamientos de Panama Ports Company ni de los exdirectivos de la AMP sobre la denuncia en las fuentes disponibles.
Fuentes: La Estrella de Panamá · TVN Noticias · Metro Libre · La Estrella de Panamá · La Estrella de Panamá · Metro Libre · TVN Noticias