Alcaldes de provincias afectadas por el sismo piden más coordinación y recursos al Gobierno

Alcaldes de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas pidieron al Gobierno una coordinación más directa y mayores recursos para la reconstrucción de las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre. El planteamiento surgió en una reunión con representantes del Ejecutivo, en la que se presentó un balance actualizado de los daños.

De acuerdo con el registro oficial al momento del encuentro, hay cerca de 14,000 viviendas afectadas, 834 centros educativos y más de 120 instalaciones de salud. El inventario incluye además 46 iglesias, monumentos y bibliotecas del patrimonio cultural, así como carreteras y puentes.

Evaluaciones y presupuesto aún en curso

José Ramón Icaza, secretario de Metas, explicó que el levantamiento de información permitirá determinar qué estructuras necesitan reparación y cuáles deben demolerse y reconstruirse. “No todas las viviendas tienen que ser reconstruidas”, precisó.

Los daños todavía no se traducen en un presupuesto definitivo ni en un calendario completo. El Gobierno aprobó inicialmente $100 millones para la emergencia, mientras las instituciones avanzan con las evaluaciones técnicas y el cálculo de costos.

Icaza advirtió que algunas obras tomarán más tiempo, entre ellas el hospital de Tonosí, la carretera entre Tonosí y Búcaro y sectores de la vía que une Quebro, Mariato y Torio.

Miguel Batista, alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Alcaldes, destacó como resultado del encuentro contar con cifras más claras y establecer un mecanismo de coordinación entre el Gobierno central y los municipios. “Lo que se busca es tener una coordinación efectiva, una coordinación más directa con las autoridades locales”, afirmó.

Viviendas y albergues

Icaza reconoció que los alcaldes han hecho inspecciones con personal técnico y voluntarios, y aseguró que los informes de profesionales idóneos, como ingenieros civiles y arquitectos, podrán usarse en el proceso oficial. Informó que había 60 viviendas en construcción y que se esperaba aumentar esa cifra conforme avancen las evaluaciones.

Al corte del 25 de octubre, el Gobierno contabilizaba 156 albergues oficiales con más de 5,600 personas alojadas. Icaza indicó que se han distribuido alimentos, agua, medicamentos y artículos de primera necesidad, y que se instalaron baños portátiles y se mejoraron estructuras temporales.

Batista advirtió que las lluvias han deteriorado las toldas y que las familias no pueden permanecer indefinidamente en esas condiciones. Añadió que muchas personas se resisten a alejarse de sus viviendas, por lo que pidió aclarar qué alternativas tendrán mientras sus casas se reparan o reconstruyen.

Apoyo más allá de la vivienda social

Batista planteó que el Gobierno estudie apoyos para quienes tenían casas más amplias, levantadas con años de trabajo, y ahora enfrentan daños que superan su capacidad económica. Mencionó alternativas para quienes mantienen hipotecas y la posibilidad de otorgar préstamos blandos. “A estas personas también hay que ayudarlas”, sostuvo.

También abordó la situación financiera de los municipios. Recordó que 64 de los 81 del país reciben subsidios y que muchas alcaldías de las provincias afectadas dependen de las transferencias del Gobierno central, a lo que se suma la caída de los ingresos por impuestos municipales.

En la reunión surgió la propuesta de usar fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para gastos operativos. Batista defendió que esos recursos se mantengan para proyectos de desarrollo local definidos mediante consultas ciudadanas, y pidió en cambio aumentar los aportes estatales y revisar subsidios que llevan años sin actualizarse.

Como ejemplo citó los $110,000 que reciben alcaldes y representantes mediante el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS), monto que, según dijo, se mantiene desde 2007. “No puedes hacer lo mismo que hacían en el 2007, ahora en el 2026”, afirmó.

Batista señaló que las provincias ya tenían dificultades antes del sismo: según su diagnóstico, hay altos niveles de desempleo y el 80% de la población tenía ingresos familiares inferiores a $800. A su juicio, la respuesta requiere una inyección económica y proyectos que generen actividad y empleo.