Terremoto: Gobierno detalla controles, fideicomisos y contrataciones para la reconstrucción

El Gobierno Nacional presentó el esquema con el que administrará y fiscalizará el dinero destinado a atender los daños del terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre. Incluye una comisión de alto nivel, el control posterior de la Contraloría General y dos fideicomisos: uno para recursos públicos y donaciones de organismos multilaterales, y otro para aportes de la empresa privada.

Según el balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con corte a las 7:00 p.m. del martes, el sismo dejó cerca de 3,390 viviendas afectadas, de las cuales 727 registran pérdida total.

Contrataciones bajo estado de emergencia

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, explicó que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ya contrata la reconstrucción de casas mediante cotizaciones en línea en Panamá Compra, una vía que habilita la Ley 22 de contrataciones públicas tras la declaratoria de emergencia aprobada por el Consejo de Gabinete el sábado 10 de octubre. Icaza sostuvo que el objetivo es respetar el principio de precios competitivos de mercado y ofreció que el Miviot informará sobre esas cotizaciones conforme avancen.

El ministro no identificó a las constructoras, pero indicó que desde el lunes comenzaron a trasladar materiales a las provincias afectadas, mientras sigue la remoción de escombros. El Miviot, que dirige Jaime Jované, ha despachado bloques, acero, puertas, ventanas y zinc a sus depósitos regionales.

La supervisión de esos contratos tiene tres niveles. El primero es la comisión creada por el Gabinete, integrada por Icaza y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, que tiene la tarea de coordinar, supervisar y fiscalizar. El segundo es la Contraloría, a cargo de Anel Flores, que hará el control posterior de cada contrato. El tercero será un informe sobre el uso de los fondos al terminar la vigencia del decreto de emergencia.

El martes, además, el Gabinete aprobó el proyecto de ley 13-26, que reforma al menos 19 artículos del texto único de la Ley 22 y que ahora será debatido en la Asamblea Nacional. También instruyó a Bomberos, a los ministerios de Ambiente y Salud y a otras entidades a tramitar la exoneración de tasas para las obras de reparación.

Dos fideicomisos y dinero para juntas comunales

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que el MEF y el Banco Nacional constituyeron un fideicomiso, refrendado por la Contraloría, que recibirá donaciones del BID, CAF, BCIE, FMI y Banco Mundial, así como los pagos de los seguros contra catástrofes del Estado. Chapman afirmó que esas donaciones no tienen costo para los panameños y que solo se acudiría a créditos de emergencia si no alcanzan.

Desde esa cuenta, el MEF transferirá recursos a los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Educación, al Instituto de Mercadeo Agropecuario y a las juntas comunales. Estas deberán presentar solicitudes según un manual de la Contraloría y justificar que cada gasto obedece a daños del sismo.

El presidente José Raúl Mulino detalló que a juntas comunales y alcaldías se enviarán partidas iniciales de $10,000 y $20,000 para comprar agua, medicamentos y otros insumos básicos, y aseguró que ese dinero estará bajo control del contralor. "Esto no es una piñata que se les está entregando dinero en efectivo", dijo, y añadió que podrían asignarse más fondos: "Si se necesita más, como estoy seguro, habrá más".

El segundo fideicomiso operará en la Caja de Ahorros con donaciones privadas, sobre todo para viviendas, y será administrado por el sector privado sin pasar por las arcas estatales. El asesor presidencial Eduardo Arango coordinará esos aportes. Ningún funcionario aclaró quién auditará ese fideicomiso ni si sus cuentas serán públicas.

El subgerente del Banco Nacional, Erick Calderón, anunció un portal para mostrar el uso de los fondos públicos, aunque no se informó cuándo estará disponible.

En lo fiscal, Chapman indicó que no se pedirá dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que se mantiene la meta de déficit de 3.5% del PIB y que no se usará el Fondo de Ahorro de Panamá, reservado para daños superiores al 0.5% del PIB, unos $450 millones. El Gabinete autorizó hasta $100 millones y, según el ministro, el gasto está aún lejos de ese tope.

Para definir a los beneficiarios, el Ejecutivo cruzará los registros de la plataforma Panamá Conecta con el censo de Sinaproc, con el fin de tener una fuente única de daños, explicó la viceministra de Finanzas, Eida Saiz.