Ciudad de Panamá · 18 de octubre de 2026 Lo último Suscríbete
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Jueza mantiene la detención domiciliaria del exvicepresidente José Gabriel Carrizo

La jueza de garantías Mónica Barrios concluyó que no han cambiado los riesgos procesales; la defensa apeló y la audiencia de segunda instancia será el 6 de noviembre.

Jueza mantiene la detención domiciliaria del exvicepresidente José Gabriel Carrizo
Foto: Presidencia de la República del Ecuador / Wikimedia Commons (Public domain)

El exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo seguirá cumpliendo detención domiciliaria. Así lo decidió este miércoles 14 de octubre la jueza de garantías Mónica Barrios, quien rechazó la solicitud de la defensa para sustituir la medida cautelar dentro del proceso que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento injustificado durante su gestión.

La audiencia de revisión de medidas cautelares comenzó a las 8:30 a.m. en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. Carrizo participó por vía electrónica. El Órgano Judicial confirmó la decisión a través de sus canales oficiales.

El exmandatario está bajo depósito domiciliario desde enero de este año, cuando fue aprehendido e imputado. Sus abogados pidieron que la medida se reemplazara por la obligación de presentarse los días 15 y 30 de cada mes, manteniendo el impedimento de salida del país.

El debate sobre las cifras

La imputación se sustenta en una auditoría forense de la Contraloría General de la República, que estableció ingresos verificables por 7.1 millones de dólares entre 2019 y 2024. La diferencia de 1.9 millones de dólares frente a un monto superior a los 9 millones es la cifra que el Ministerio Público considera no justificada. Según se ha informado sobre el caso, ese monto de 9 millones se ha descrito tanto como gastos realizados en el período como bienes declarados al terminar el mandato.

El abogado Víctor Orobio sostuvo que esa diferencia se ha reducido. Explicó que la defensa aportó pruebas de ingresos que la Contraloría no tomó en cuenta y que, por decisión judicial, se excluyeron de los gastos unos 1.3 millones de dólares. Se refirió, entre otros, a un apartamento valorado en 1.2 millones cuyo comiso, solicitado por la Fiscalía, fue levantado al determinarse que se adquirió antes de que Carrizo asumiera el cargo.

La defensa también objetó la metodología de la auditoría y afirmó que, con un nuevo cálculo, los ingresos superarían a los gastos. Orobio añadió que su cliente se presentó voluntariamente al conocer la investigación, que no representa riesgo de fuga y que tiene arraigo familiar.

“Hoy le hemos dado toda la información al Tribunal de Garantías que evidencia que sí hay cambios fundamentales de las circunstancias”, afirmó el jurista al término de la diligencia.

La jueza Barrios respondió que la valoración de los montos corresponde al tribunal de juicio y no a esta etapa. Recordó, además, que fue la propia defensa la que propuso el depósito domiciliario en la audiencia de enero, y señaló que no se aportaron elementos que demostraran una variación en los riesgos procesales que justificaron la medida.

La fiscal anticorrupción Patricia Herrera coincidió en que la discusión sobre las cifras debe darse con la participación de peritos de la Contraloría y de la parte privada. “Esos ya son temas que se tienen que discutir a nivel de juicio”, indicó.

Amparos pendientes en la Corte

La investigación está cerrada por haber vencido su término legal, pero la fase intermedia no ha avanzado porque el Ministerio Público tiene dos amparos de garantías pendientes ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con lo informado, uno busca ampliar el plazo de investigación y ya fue negado en una ocasión, por lo que se espera la resolución de su apelación; el otro pide declarar el caso como causa compleja, lo que extendería la investigación y obligaría a la Fiscalía a presentar una nueva acusación. Otras versiones indican que ambos recursos persiguen más tiempo para investigar.

Un día antes, el martes, Carrizo acudió de forma presencial a una audiencia de acusación que fue pospuesta a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, precisamente por la existencia de esos amparos.

La defensa califica estos recursos de maniobras dilatorias y advierte que su resolución podría tardar años, tiempo en el que Carrizo, con más de nueve meses bajo arresto domiciliario, seguiría en su residencia. Orobio apeló la decisión de la jueza Barrios; la audiencia fue fijada para el 6 de noviembre a las 2:00 p.m.

Fuentes: La Estrella de Panamá · La Prensa

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